Más de 4,5 millones de personas migrantes y refugiadas* de Venezuela han obtenido estatus regular en 17 países de América Latina y el Caribe desde 2019, según se anunció hoy. Esto fue posible gracias a las medidas proactivas tomadas por los gobiernos de acogida dentro de sus marcos legales, y al apoyo financiero de la comunidad internacional, lo que les ha permitido acceder a documentación, mecanismos de regularización y al reconocimiento de la condición de refugiado.
En 2024, más de 1,3 millones de personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida se beneficiaron de oportunidades de integración, protección y asistencia humanitaria a través del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMPR), coordinado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y co-liderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
A pesar de este progreso significativo, desafíos persistentes, como la inestabilidad económica y política, la inseguridad y la desigualdad social, dificultan que las personas migrantes y refugiadas mantengan a sus familias en los países de acogida. Los esfuerzos de regularización y el fortalecimiento de los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en América Latina y el Caribe deben complementarse con iniciativas sólidas de estabilización e integración socioeconómica, que incluyan educación, atención médica, validación de competencias profesionales y acceso al mercado laboral formal, oportunidades de subsistencia y servicios bancarios.
Sin estas medidas esenciales, los retos de la irregularidad y el trabajo informal persistirán, lo que da lugar a movimientos sucesivos y exacerba los riesgos de trata y tráfico de personas.
“La integración de las personas refugiadas y migrantes es crucial para construir sociedades inclusivas y resilientes”, afirmó Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela. “Cuando las personas migrantes y refugiadas son capacitadas para contribuir plenamente a sus comunidades, enriquecen el tejido social y a la vez impulsan el crecimiento económico y la innovación. Al garantizar el acceso a servicios esenciales, como mercados laborales y redes sociales, creamos una situación en la que todos ganan: refugiados, migrantes y comunidades de acogida”.